Por Jesús Delgado Guerrero

“Cobrarse a lo chino”, o a la “malagueña”, aplica en aquellos casos en los que una persona o una institución determina apropiarse de un bien o de recursos y con ello obligar al deudor a saldar algunos pendientes.

Pues bien, eso es lo que está realizando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vía Sistema de Administración Tributaría (SAT), con los gobiernos estatales y municipales y sus respectivos entes que, por sus pistolas y otras causas poco claras, han estado incumpliendo con sus obligaciones fiscales.

Algo está muy mal en las administraciones estatales y locales que la SHCP se vio obligada a establecer “lineamientos generales para el proceso de compensación de participaciones federales por adeudos fiscales firmes de entes públicos relacionados con la omisión total o parcial del entero del Impuesto Sobre la Renta por retenciones de salarios y asimilados a salarios”, según los difundido el pasado 1 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.

La elegante redacción debe traducirse de la siguiente manera: los gobiernos estatales y municipales no han estado enterando las retenciones del ISR que hacen a los trabajadores y están desviando esos fondos a otras cosas.

También y pese a lo fiscalmente correcto del problema, no se elude que ahora se procederá a hacerles los respectivos descuentos mediante uno de los componentes principales del Gasto Federalizado: las Participaciones (el otro son las Aportaciones), evitando así incumplimientos.

Tal cobro no excederá del 15 por ciento de las participaciones “que se estimen en el mes que corresponda, con el propósito fundamental de no afectar la operación de los programas o planes de trabajo de las entidades federativas y municipios, y por ende su capacidad para continuar brindando servicios públicos básicos a la población”, según los “lineamientos” (eufemismo hacendario de “pagan o pagan”).

Por ello, en días pasados el SAT dio a conocer que recuperó más de 61 mil millones de pesos en adeudos de estados y municipios, pero ocultó los pasivos totales.

Según esto, se está impulsando la “regularización” de las obligaciones fiscales de entidades, municipios, organismos estatales y municipales, procurando una corrección fiscal y evitar presiones e impactos a los presupuestos.

De acuerdo con el SAT, 2 mil 27 entes de gobiernos estatales y municipales están en proceso de “regularización”, es decir, ya están pagando parte de los impuestos realizados por retenciones a los trabajadores.

Debe mencionarse que de los 61 mil 606 millones de pesos recuperados por esa “regularización”, más de la mitad se concentraron en los estados de Veracruz, con 14 mil 768 millones de pesos; Chiapas, 13 mil 900 millones de pesos y Baja California, 3 mil 952 millones de pesos.

Ante ello, cabe preguntarse: ¿qué está pasando en las finanzas estatales y municipales, que no sólo enfrentan deudas importantes con la banca privada y de desarrollo, sino que no enteran las retenciones de impuestos de los trabajadores?

¿Qué se está haciendo con esos fondos que, por ley, deben llegar a la autoridad hacendaria, so pena de sanciones legales?

La realidad es que esos “lineamientos” no serían necesarios si el manejo de las finanzas locales se hiciera con apego a la ley, pero está visto que ante el relajamiento, el abierto incumplimiento, el desvío y hasta la mala fe, es necesario ponerse un poco rudo. (Si se está haciendo con personajes impresentables, caraduras de ostentosa evasión fiscal, cuantimás con quienes deberían ser ejemplo de moral tributaria).