Por Jesús Delgado Guerrero

Convengamos con los especialistas en el hecho demoledor de la situación respecto de la inflación, contra la cual no sólo tienen que habérselas los sufridos consumidores sino principalmente el poder político y el poder económico.

En otros épocas, cuando el fenómeno llegó a alturas insospechadas del 98.78 por ciento (José Lopez Portillo) o de 179 por ciento (hiperinflación, con Miguel de la Madriz, además con una paridad de 2 mil 375 pesos por dólar), se podía traducir el momento como un episodio apocalíptico con uno de sus terríficos jinetes.

Hoy, quizás no estamos en esos bíblicos terrenos (pese a toda la propaganda), ni tampoco en los esperanzadores paraísos que se dibujan por parte de los actores en turno (con todo y su propaganda también.

Pero sin duda el problema amerita algo más que un simple “ajuste de tuercas” para tratar de domar a la bestia, haciendo a un lado ese ánimo desenfadadamente keynesiano (por John Maynard Keynes), de dejar pasar un poco de inflación pues lo que recoge la historia con estos experimentos no son otra cosa que capítulos incendiariamente hiperinflacionarios (como sucedió en la década de los años 70 y después).

Pues bien, de un lado tenemos lo que se llama la inflación importada, que en nuestro caso corre a cargo de la necesidad de la compra de productos extranjeros (principalmente de Estados Unidos), básicamente gasolinas (que todavía importamos en cantidades importantes) y que generan mayores precios en el mercado interno, sin descontar la importación de granos (maíz y trigo, especialmente).

Luego está la inflación doméstica, impulsada está por el inédito choque de oferta y demanda provocado por la pandemia Covid-19 y, para darle un toque mayor de terror al asunto, la inflación por especulación, esta tanto interna como externa (acaparamiento de mercancías y alza en los precios del petróleo, derivado del conflicto bélico Ucrania-Rusia).

Hete aquí a “El Maligno” económico del momento presente. Frente a ello, el Banco de México ha estado haciendo su trabajo, aumentando la tasa de interés (encareciendo el dinero), y el gobierno federal anunció la aplicación, “pronto”, de un plan económico para evitare el ramalazo sea mayor.

Ya se verá a detalle de qué se trata, pero de mientras se anticiparon dos líneas: más producción de alimentos (granos, básicamente) y contención de los precios de las gasolinas, tanto para automovilistas como para transportistas, mediante estímulos y subsidios, esto mientras se alcanza la autosuficiencia energética.

Todo esto suena aceptable para el momento actual, pero el gobierno federal está dejando de lado un fenómeno que completa a “El Maligno” y tiene una incidencia fundamental en la inflación: la actuación del crimen organizado. 

Ese es el otro jinete que está faltando en la bíblica descripción (el precio del aguacate, sobre todo el Michoacán, principal estado productor, es escandaloso debido, entre otras cosas, al “cobro de derecho de piso”).

Al respecto, es muy ilustrativo el estudio que hizo el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen), de la UNAM.

Porque, en efecto, es posible canalizar más recursos y lograr una mayor producción en el campo; también, es posible sostener por algún tiempo los estímulos y subsidios para evitar que las gasolinas se conviertan en el resorte inflacionario (incluso haciendo uso de la fuerza, como ya se ha hecho con “clausuras” por supuestos incumplimientos de la norma, cuando en realidad son éstos mero pretexto para ir contra agandalles en precios).

Pero el crimen organizado es otra cosa y esto va más allá de tácticas de “abrazos y balazos”, y no sólo está localizado en ciertos estados, en puntos de producción agropecuaria muy localizados como Uruapan, Oaxaca, Xalapa, Irapuato, etc., sino también en las aduanas y en casi toda la red de carreteras del país, con una gran cantidad de robo al transporte.

Las medidas adoptadas por la autoridad para contener la inflación (sobre todo son las gasolinas y el gas LP) han generado los ya típicos pero gastados insultos de “populismo”, “estatista” y demás, sin que los malquerientes puedan ocultar el dogma libertariano de “dejar hacer, dejar pasar”, como si no estuviera pasando nada.

Pero el gobierno también está como sus adversarios en cuanto a la incidencia evidente del crimen organizado en torno de las presiones inflacionarias, y es aquí donde también tendrá que habérselas con los cárteles criminales (o eso es lo que se espera que este contemplado en en plan, esto con independencia de que los delincuentes decidan seguirse matando unos a otros).

Ignorar el impacto que esto tiene podría nulificar, en medida muy importante, lo que se tiene previsto para impulsar la producción de alimentos agropecuarios. Los recursos finalmente irán a parar a los bolsillos de los delincuentes, en menoscabo de los bolsillos de las familias.