Por Jesús Delgado Guerrero

El Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios (ISSEMyM) pretende que la Legislatura local apruebe la venta de 22 inmuebles valuados en poco mas de 300 millones de pesos, esto para supuestamente aligerar sus maltrechos estados financieros.

También, otros municipios están a la espera del “milagrito” y zanjar sus compromisos, aunque algunos ya han estado recibiendo “luz verde” de los diputados para vender propiedades y pagar pasivos, entre ellos un escandaloso laudo por 40 millones de pesos a favor de un ex burócrata de Nicolas Romero que, es de esperarse, ojalá no resulte familiar de algún ex alcalde, como ya ha sucedido (Coacalco, por ejemplo).

El hecho es que el ISSEMyM está en problemas, pero lo está principalmente porque no ha cobrado a dependencias y organismos que le deben las cuotas retenidas a los trabajadores.

Por un lado, las autoridades de ese instituto han estado cobrando a los gobiernos municipales y la deuda con ellos ya es mínima: poco más de 161 millones 594 mil 466 pesos. Aquí el ISSEMyM no se anduvo con “chiquitas” y, como debe ser, recaudó los recursos retenidos por los ayuntamientos a los empleados.

Pero el paquete “gordo”, muy espeso, se inicia con las deudas de los organismos autónomos (UAEM y otros), por 514 millones 181 mil 862 pesos; luego está el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem, una suerte de caja grande de la familia Atlacomulco que no se sabe si es pública o privada) que debe Mil 459 millones 321 mil 299 pesos; en la lista está el propio gobierno de la entidad, con Mil 267 millones 540 mil 443 pesos y 15 millones 244 mil 685 pesos de los programas sociales que este aplica.

En total, los pasivos suman 3 mil 417 millones 882 mil 755 pesos, una cantidad muy adiposa para las necesidades del ISSEMyM que debe pagar pensiones de hasta 500 mil pesos a quién sabe cuántos ex burócratas privilegiados y, en total, a 70 mil 929 jubilados y pensionados, erogando unos 15 mil millones de pesos anuales, según los estados financieros del instituto hasta el 30 de septiembre pasado.

¿Por qué no le cobra al gobierno estatal, a la caja del Cusaem y a los organismos autónomos y así sale de sus broncas? Es un misterio. Por eso el recelo de que se apruebe la venta de inmuebles porque, comparada con la deuda, lo que se obtendría por ello es menos del 10 por ciento de lo que le deben el gobierno estatal y demás ( y resultaría algo más que misterioso si los legisladores aprueban la solicitud).

El caso de los municipios es distinto y aquí no hay misterio: la situación  se mueve entre la prevaricación y la rapiña. Se sabía de los problemas financieros de más de uno, con deudas heredadas por políticos de partidos que, por esos misteriosos caminos del desquite político, ahora las recibirán ellos mismos (Atizapán de Zaragoza y, eventualmente, Coacalco) o compañeros de trinchera o de ocasión (Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Toluca y Metepec, por ejemplo).

El que más atención ha generado es el de Naucalpan, que solicitó vender el predio conocido como La Victoria para salir de apuros, más de los que ya tiene porque de acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública del 2019 difundidos por el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM), en esa demarcación se generó un probable daño a la Hacienda Pública por Mil 208 millones 232 mil 300 de pesos.

Entre otras cosas, el gobierno local incurrió en “pagos en exceso en comparación con el tabulador autorizado” y ejerció “un excedente en el presupuesto del Capítulo 1000 Servicios personales y pagos en acciones con recursos del Fefom improcedentes”.

El hecho, tan rapiñero como elocuente, es que durante el 2019 y el 2020, el gobierno naucalpenses gastó en burocracia Mil 563 millones 452 mil 037 pesos por encima de lo autorizado por el Cabildo.

¿Los integrantes del cuerpo edilicio, los responsables de la hacienda pública, no se dieron cuenta de ello cuando el propio OSFEM alertó de los “pagos en exceso en comparación con el tabulador autorizado”? ¿Y todavía autorizaron contratación de deuda de corto plazo de casi 280 millones de pesos para pago de salarios?

En otras palabras, ¿se tuvo dinero para pagar sueldos a unos -recomendados y cuates- pero no a los trabajadores? ¿Y nadie vio nada?

Por eso, antes que autorizar la venta de cualquier cosa, los legisladores locales, (miembros del supuesto contrapeso de los otros dos poderes públicos y fiscalizador esencial, vía OSFEM, de los ingresos y egresos públicos), tendrían que exigir al ISSEMyM el cobro de cuotas correspondiente, por un lado, y deslindar responsabilidades en otro (y probablemente en otros).

Esto, claro, a menos que los “misterios políticos” tengan como respaldo ese resorte del encubrimiento mutuo que tanto ha caracterizado al “quehacer político”, disfrazado de “negociación política”.