Por Jesús Delgado Guerrero

Desde hace tiempo, el economista John Kenneth Galbraith observó que  “la conclusión práctica es que ahora la inflación no puede ser detenida sólo mediante una política fiscal y monetaria”, y ofreció como alternativa la intervención directa (de las autoridades, claro) mediante una política de ingresos y de precios.

Aclaró que esto no es ningún sustituto “del manejo ortodoxo monetario y fiscal, sino un complemento”, con el añadido de que no sólo se trata de atender el fenómeno inflacionario por el lado de demanda, sino también de la oferta, esto por el inédito choque simultáneo generado por la pandemia Covid-19, sumado al conflicto bélico Rusia-Ucrania y la escalada de precios en los energéticos y materias primas.

En efecto, de nada vale asumir sólo contracciones en el gasto público (con los neoliberales recortes de corte teológico a los programas sociales) ni encarecer el dinero o restringir el crédito aumentando la tasa de interés (trabajo del Banco de México), porque estas recetas en las actuales condiciones no han resultado del todo efectivas.

Frente a la combinación explosiva de crisis pandemia-económica-bélica que ha dado pie a indicadores inflacionarios muy elevados, que no se veían desde hace varios años tanto en nuestro país como en el mundo, es obligado buscar alternativas a las medidas convencionales.

Y una de esas fue presentada por el gobierno federal, justamente complementando una de las medidas ortodoxas (el gasto público no se ha recortado al menos en lo social) como ha sido la actuación del Banco de México, donde claramente se puede ver una política de ingresos (sacrificio de los mismos, como en el caso de los excedentes petroleros aplicados en una medida a contener el aumento de los combustibles), y aplicación de aranceles cero a productos básicos importados, entre otras (tarifas ferroviarias y autopistas).

Hay que decirlo con todas sus letras: el gobierno federal está renunciando a esos ingresos con los cuales podría generar inversión, más infraestructura en escuelas y hospitales, entre muchas otras cosas. 

Tan solo por la estabilización de los precios de gasolina, diésel, gas LP y electricidad los recursos suman alrededor de 330 mil millones de pesos, es decir, poco menos de la mitad que anualmente le queda de espacio fiscal, (gasto total, descontados pagos de pensiones y deuda).

Pero, es eso o escenarios peores: familias sin poder comprar lo básico para alimentarse o un aumento en los ya graves índices delictivos, principalmente el robo, el secuestro y otros.

La otra parte referida por Galbraith, la política de precios (y esto a despecho de las corrientes más ortodoxas), no es tanto control como concurso de los sectores productivos, en este caso el sector empresarial, para disminuir las presiones inflacionarias, conteniéndolos.

Sin duda hay quienes lo pueden hacer y de sobra: Carlos Slim, por ejemplo, tiene a su disposición, libres de polvo y paja, alrededor de 200 millones de pesos diarios por las ganancias de una de sus firmas telefónicas, y otras 30 familias como la del magnate seguro no tendrán problemas para los gastos de sus chuchulucos cotidianos, y centenares de empresarios más.

A ellos, igual a menguados sindicatos y otros entes se les puede convocar para que se solidaricen y el Pacic (Paquete contra la Inflación y la Carestía, “Pacic”, como se denominó a la estrategia) y quizás se animen a hacerlo.

Pero hay otro componente inflacionario, poco atendido y que ha comenzado a formar parte de los análisis macroeconómicos, como es el que representa el crimen organizado, el efecto que tiene en el fenómeno.

Sólo hay que ver lo que sucede en Michoacán con los productores de aguacate, el llamado “testículo de los dioses” o “pera de cocodrilo”, donde la influencia del crimen organizado es determinante. Las extorsiones de grupos criminales contra productores, la actuación de intermediarios también criminales, el “renteo” o “impuesto” y otros métodos nada pacíficos, sin duda al final repercuten en los bolsillos de los consumidores.

Al respecto, es aterradora la descripción que hace de esta situación -“El hot dog con guacamole”- el periodista-economista-sociólogo Andy Robinson en su libro “Oro, Petróleo y Aguacates, las nuevas venas abiertas de América Latina”, donde la violencia endémica convirtió un destino turístico en “territorio Comanche”, el robo de camiones cargados de aguacate cosa de todos los días, igual las escenas de hombres  descuartizados en bolsas de plástico o colgados en los puentes de Uruapan, todo al calor de la fiebre aguacatera, “junto con un cartel que anunciaba: Querida gente, siga con sus rutinas diarias” (p.215).

A estos grupos criminales desde luego no se les puede convocar a una mañanera a expresar su adhesión al Pacic; quizás por eso el anuncio del despliegue de más de 12 mil elementos y 2 mil 300 vehículos para tratar de garantizar la seguridad en carreteras porque esta parte criminal, poco atendidas en el fenómeno inflacionario, igual que la de especuladores y otros especímenes, sin duda también repercute en el problema.

Lo cierto es que habrá que esperar a ver si las medidas dan resultado porque, como siempre, los supuestos expertos, sacerdotes de recetas neoliberales, ya ven desde ahora un gran fracaso, insuficiencias y otras, mientras que del otro lado hay optimismo, aunque no desbordado porque el entorno no es precisamente para echar campanas a ningún lado.

Lo peor sería recurrir a las medicinas tradicionales… o no buscar nuevas vías.