Por Jesús Delgado Guerrero

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, establecida en el año 2016, significó amarrarle las manos, en alguna medida, a toda suerte de políticos de distintos colores que, a la menor provocación, intentan cubrir su falta de ingresos (cobro de impuestos) mediante créditos bancarios, ya sea de corto o de largo plazo.

Sin embargo, la citada ley sepultó de tajo un mar de irresponsabilidades, cuando no de actos corruptos, que los ciudadanos, tanto de estados como de municipios, tendrán que cargar por un buen tiempo mediante sus contribuciones o la prestación de servicios cada vez más deficientes, con infraestructuras carreteras e hidráulicas obsoletas, entre otros.

La contratación de deuda no es mala “per se” pues, de acuerdo con diversos estudios, permite ampliar la capacidad del gobierno en la edificación de obras y la ampliación y dotación de servicios.

Sirve también para que las autoridades tengan capacidad de respuesta ante las demandas de los ciudadanos; además, de alguna manera se convierte en un impuesto aplicado no a rajatabla, que significaría menos votos en la próxima elección, sino en una tributación “suave”, casi silenciosa.

Muy bien todo esto, pero entre los inconvenientes resaltan que cuando no existe una administración adecuada de los préstamos, aunado a la falta de recaudación, las deudas se prolongan incluso más que la durabilidad del bien o servicio para el que se contrataron (asfaltado, compra o renta de patrullas, vehículos oficiales, entre otros).

En esa forma, como aseguran varios trabajos sobre el tema, las haciendas públicas entran en una agonía a la que o se le ve fin y van enfermando cada vez más porque no se atienden las causas (“clientelismo político-fiscal), amén de que esos pasivos se deben pagar (generalmente con recursos federales, vía participaciones que son descontadas por la autoridad hacendaria) mermando la capacidad de los gobiernos ante la creciente demanda de servicios.

Eso es lo que ha venido pasando en varios municipios del país y, específicamente, del Estado de México, como hay se da cuenta en Monitor Financiero.

Hay pasivos municipales en la entidad mexiquense que, a pesar de la opacidad en que se han manejado, emanan un fétido olor a la corrupción o a prevaricación, y se vienen arrastrando mediante los técnicamente consabidos “refinanciamientos”, lo que en el habla común significa simplemente “patear el bote”.

“A largo plazo todos estaremos muertos”, decía el economista John M. Keynes. Pues bien, varias de esos préstamos fueron contratados a largo plazo y, lo peor, sin que se sepa realmente qué beneficios dejaron a los ciudadanos. 

Pero los políticos de todos los partidos, ya sin sonrojo, en vez de  pedir alguna investigación -lo que sería mucho pedir- ni siquiera proponen establecer los mínimos de recaudación suficientes para que los ayuntamientos dependan menos de los créditos bancarios y de los recursos federales.

Su solución es estirar todavía más la mano al gobierno federal (“Papi gobierno al rescate”), en una estrecha y comodina visión “municipalista”.

Los gobiernos locales -y estatales también- dependen cada vez más de los préstamos de corto plazo ( a pagar en un año), con o sin contingencia sanitaria y todo “por falta de liquidez temporal”, esperando las ministraciones de la Secretaría de Hacienda para cubrirlos.

La situación se está convirtiendo en un círculo vicioso en el que, hay que remarcar, de manera convenenciera ignora lo obvio y se apela a falsos “espíritus municipalistas”.