Por Jesús Delgado Guerrero

La cantinela no por vieja es desconocida y sucedió con los bancos, la industria minera, las telecomunicaciones, etc., todo eso que ha dado lugar a la concentración de fortunas vía monopolios y oligopolios y que, además, cartelizan (la ejecutan cárteles) la economía al acordar abusivas tarifas y comisiones y, peor, evaden impuestos.

“Nosotros o el desastre”, gritan en todos los tonos ante la reforma  eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador que, en síntesis, no pretende otra cosa que devolver al Estado -entendido como gobierno y sociedad- la soberanía en un sector estratégico para la seguridad nacional, amén de procurar la prestación del servicio a precios menos agresivos para los consumidores.

Aunque sucedió a principios de este año, ya pocos se acuerdan, por conveniencia o por franca desmemoria, lo que sucedió cuando el estado de Texas, en Estados Unidos, fue azotado por una intensa tormenta invernal: la dependencia en la importación de hidrocarburos (gas) provocó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y firmas privadas tuvieran que bajar el interruptor, con afectaciones en al menos 23 entidades.

Eso dejó mucho más claro que nuestro país no debe ceder en demasía en áreas estratégicas, como es la energética.

La iniciativa presidencial busca, sí, echar para atrás parte de las “reformas estructurales” neoliberales, y especialmente la “sobornada” reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que abrió la industria para comenzar la ruta de episodios vistos con bancos, telecomunicaciones, minería y demás: la depredación y el agandalle de los recursos nacionales en nombre del estado de derecho y la legalidad, esto luego de que en  abierta sintonía con sus adláteres del poder político, los “inversionistas”, tanto domésticos como foráneos,  se confeccionaron normas al gusto.

Pero no son sólo los integrantes del “1 por ciento” los que amagan, presionan y chantajean con escenarios apocalípticos si las políticas públicas no les favorecen.

Desde hace mucho se sabe del famoso “sillón giratorio” mediante el cual funcionarios públicos promueven privatizaciones y normas para prácticamente hacerse del control de toda la economía, ocupando después cargos de consejeros o directivos de las empresas beneficiarias, dejando a las instituciones en calidad de “oficialía de partes”, de puro trámite.

Por eso hoy se ve a ex presidentes, políticos, “inversores”, dirigentes de agrupaciones, “analistas”, comentaristas y opinócratas de toda laya en plena campaña protegiendo sus intereses -son consejeros de empresas favorecidas, consultores o “analistas”, etc.-, y por supuesto que no están a favor ni de la intervención del gobierno en la economía y menos que se les despoje de algo que creen parte de su patrimonio.

Es verdad que no hay más mal patrón y peor empresario que el gobierno metido en actividades productivas, pero lo mismo se puede afirmar de  los integrantes del “1 por ciento”, conocidos como empresarios, hombres y mujeres de negocios, “inversionistas”, especuladores, evasores y elusores de impuestos que no se han cansado de saquear a México.

Cosa de recordar: los que ahora gritan contra la reforma eléctrica en su momento también gritaron que si no se rescataba a la banca el país se iría al precipicio, y que nacionalizarla sería un desastre porque se elevarían las comisiones y costos por los servicios.

Pues bien. En este caso los profetas del desastre no se equivocaron y todas las calamidades anunciadas nos cayeron encima justo por lo que  supuestamente sería más favorable para el país, según dijeron.

Porque debido a ese “rescate” (salvataje, se le llama también) el país sigue en el precipicio y los ciudadanos hemos estado pagando, desde 1998, miles de millones de pesos por un fraude descarado que primero se llamó Fobaproa y, para tratar de alimentar la desmemoria y sofocar el timo, ahora se conoce como IPAB. 

Pero en nombre de esa grosería que es su “estado de derecho y legalidad”, vamos a continuar pagando todos esos trastupijes bancarios hasta el 2050. 

Un supuesto rescate de poco más de 320 mil millones de pesos que sumó la cartera vencida inicialmente, pero que fue “engordado” de manera escandalosa con créditos “chatarra”, falsos, alcanzó Un billón 300 mil millones de pesos y sólo benefició a banqueros que incluso desde hace varios años ya salieron de prisión por sus auto-préstamos, créditos relacionados y todas sus estafas (Isidoro Rodríguez, El Divino); otros felizmente “reaparecieron” en calidad de “inversionistas”, “rescatistas” de empresas de familias acaudaladas desde el poder público (Carlos Cabal Peniche), después de haber estado a “salto de mata”.

Algunos que avalaron el Fobaproa fueron “premiados” y llegaron a presidentes, otros siguen ocupando cargos públicos, son dirigentes políticos, o de plano hacen política por “hobby” mientras ocupan un sillón de consejeros en las empresas o bancos que beneficiaron.

La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador viene a romper con esa torcida “tradición neoliberal”. Por eso el enojo y los gritos anticipando nuevamente plagas bíblicas y toda suerte de infortunios.