Por Jesús Delgado Guerrero

Por lo visto, el gobierno federal de la autodenominado “Cuarta Transformación” está dispuesto a contener la inflación hasta donde le sea posible, echando mano de todos los recursos a su alcance. No tiene de otra.

Una situación como la actual, con crisis superpuestas como la pandemia Covid-19, la económica-financiera y el conflicto bélico Rusia-Ucrania y el impacto de éste sobre el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y de las materias primas de alimentos (granos, básicamente trigo y maíz), no es cosa menor.

Por eso, a los subsidios que venía aplicando, desde hace ya casi mes y medio la autoridad sumó estímulos para que automovilistas y transportistas, tanto de mercancías como de pasajeros, no paguen el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Al respecto, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio a conocer que durante este año los subsidios a las gasolinas Magna, Premium y Diésel, alcanzarán no menos de 330 mil millones de pesos. Es una estimación pues no se sabe qué va a suceder con el conflicto bélico, generador de inestabilidad en los pecios petroleros.

Pero sin duda se trata ciertamente de una cantidad importante si se toma en cuenta que es casi la mitad de lo que se pagará este año por el servicio de la deuda (unos 791 mil 463 millones de pesos), o menos del 50 por ciento de lo que dispone el gobierno federal de espacio fiscal (recursos disponibles para realizar obra pública, entre hospitales, escuelas, carreteras y otros, es decir, lo que queda de los ingresos descontados los pagos de pasivos y pensiones).

Los incrementos en los precios internacionales del barril de petróleo, derivado de la situación bélica Rusia-Ucrania, mismos que ya se venían registrando incluso antes de este conflicto, han puesto en alerta a las economías del mundo pues esos aumentos impactan directamente a los bolsillos de las familias. Y como que el honro no está para bollos, luego de la zarandeada provocada por la pandemia Covid-19.

De modo que contener los precios de las gasolinas es un factor fundamental para evitar, hasta donde sea posible, que la inflación continúe aumentando, afectando el poder adquisitivo familiar.

Claramente esto ha generado malestar entre los sectores que ven boquetes fiscales en la hacienda pública, un despilfarro de recursos generados por los excedentes petroleros, populismo y otros.

Incluso empresarios apelaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), buscando ampararse para que se reconocieran como inconstitucionales los mencionados estímulos fiscales pues, según ellos, son contrarios a los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad tributaria e irretroactividad de la ley. Pero al final la SCJN reconoció la constitucionalidad de tales estímulos.

¿Por qué la queja del sector privado? Bueno, sirva como ejemplo lo que sucedió en Estados Unidos que, cuando comenzaron a liberar sus reservas como consecuencia del conflicto bélico europeo, el precio del barril empezó a bajar, incluso hasta 23 por ciento… pero las gasolinas no en la misma proporción, sino sólo el 15 por ciento. Lo anterior,  a pesar de los subsidios por más de 30 mil millones de dólares de los contribuyentes a las empresas petroleras para que apoyaran la reducción de precios.

El caso fue que, según despachos de prensa, los ejecutivos de Exxon Mobil XOM.N, Chevron XOM.N, BP America BP.L, Shell USA RDSa.L, Devon Energy Corp DVN.N y Pioneer Natural Resources Co PXD.N, tuvieron que testificar ante legisladores de la Subcomisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que los interrogaron sobre las razones por las cuales los precios de la gasolina siguen siendo elevados a pesar de que los del crudo, la materia prima de los combustibles, han bajado.

Hubo variadas respuestas: desde que los precios los fija el mercado y no las empresas; que se necesita más tiempo para nivelar la competencia; que “ninguna empresa por sí sola fija el precio del petróleo o la gasolina” y, de plano, que “el mercado establece el precio en función de la oferta disponible y la demanda de esa oferta”.

En otras palabras, el sobado argumento de la ley de la oferta y la demanda como alcahueta de las ganancias de las petroleras y gasolineras, antes que respaldar las acciones anti-inflación, que en Estados Unidos ha alcanzado niveles récord (8.5 por ciento), afectando principalmente la economía de las familias.

Esa es la razón por la cual el gobierno federal en nuestro país ha estado machacando con los subsidios y estímulos en las gasolinas: para evitar  aumentos y que después le receten en la cara la tenebrosa ley de la oferta y la demanda, encubridora de las peores especulaciones como en estos casos.

Esa es la razón también por la cual los opositores al gobierno siguen viendo acciones “populistas”, derrochadoras, agujeros fiscales y demás, pues sería mejor para ellos que se permitiera el alza de la gasolina a costa de los bolsillos de las familias y que en vez de aplicarlos en estímulos fiscales, los excedentes petroleros se utilizaran para pagar el Fobaproa (hoy IPAB) y otros rescates de nefanda memoria, en un pantagruélico banquete financiero al que no se le ha visto fin.