***Bancos dedujeron 290 mil mil millones de pesos; eliminar deducciones al Fobaproa (IPAB) dará a la Hacienda Pública 10 mil millones de pesos anuales

Valle de México, a 2 de octubre del 2025.- El rescate bancario iniciado luego del “diciembrazo” de los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo en 1994, ha costado a los mexicanos 1.4 billones de pesos a la fecha, esto después de que el primero convirtiera en deuda pública toda la chatarra financiera y fraudes de unos 12 bancos previamente vendidos, principalmente, a dueños de casas de bolsa.

De acuerdo con lo expuesto por Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributario (SAT), ante integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ante el costo de ese rescate se determinó acotar las deducciones que los bancos pueden hacer de los pagarés del IPAB (antes Fobaproa), lo que daría a la Hacienda pública 10 mil millones de pesos en forma anual.

Hay que recordar que el rescate bancario mediante pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, hoy Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB) fue aprobado el 12 de diciembre de 1998 en el Congreso Federal, por un monto de 1.3 billones de pesos, cantidad inflada con cartera chatarra, liquidable al año 2050.

En su comparecencia ante los legisladores, el funcionario federal remarcó que elvFobaproa ha costado 1.4 billones de pesos, de los cuales los bancos dedujeron 290 mil millones, por lo que se decidió no deducir las cuotas del saneamiento financiero del rescate bancario, estimado que la recaudación por ello será de 10 mil millones de pesos anuales.

Sobre la deducción de cuentas incobrables a bancos y sectores, dijo que se eliminarán los privilegios y homologarán criterios para deducir cuentas incobrables.

Expuso que las propuestas de miscelánea fiscal presentadas por las autoridades hacendarias a diputados vienen de lo que observa el SAT día a día: las empresas siguen utilizando pérdidas fiscales inexistentes para disminuir el pago del impuesto sobre la renta, simulan gastos para disminuir la base gravable y usando documentos falsos para devolución de un saldo a favor, detalló.

Por otro lado, sostuvo que no habrá condonación a grandes contribuyentes, asegurando que “Vamos a mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal, no va a haber condonación de impuestos a grandes contribuyentes y vamos a continuar con el combate a la evasión fiscal y la simplificación de trámites más importante en la historia de México”.

Mencionó la importancia de los avances en materia de fiscalización. Pues, dijo, antes de la reforma al artículo 28 constitucional se condonaron más de 400 mil millones de pesos, pero hoy ya no se perdonan impuestos.

Asimismo, comentó que para combatir empresas factureras se propuso reformar el Código Fiscal de la Federación para incluir nuevos procedimientos, identificar empresas inexistentes, prohibir la inscripción en el RFC de nuevas empresas donde participen socios, accionistas y representantes legales de esas empresas y bloquear la facturación indebida desde el inicio. 
También, plantea un procedimiento expedito que garantizará el derecho de audiencia, y establece como nuevos delitos enajenar, comprar, adquirir o dar efectos fiscales a facturas falsas y venta de facturas en redes.

A su vez, la procuradora Fiscal de la Federación, Gisel Galeano García, estimó que integrar las carpetas es complejo y dar con estas redes de delincuencia organizada no es fácil, pues a veces están en esquemas de defraudación por factureras. 

Expuso que hay 102 querellas por contrabando y desde 2022 se han logrado 152 sentencias condenatorias por un monto de 5 mil 928 millones de pesos. Dijo que se tiene que agilizar la norma y los procedimientos penales para dar un buen destino a los decomisos.

Resaltó que en 2022 la Procuraduría presentó 15 denuncias por empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) con un perjuicio fiscal de 17 mil 402 millones de pesos, más mil 568 casos presentados por el SAT, de los cuales mil 173 ya fueron judicializados y en 565 casos hay vinculación a proceso.

Lamentó que en 338 casos se determinó por el Poder Judicial la extinción del proceso penal donde además se les otorgó la libertad, hubo pagos de menos de un millón de pesos y no se generó recaudación pese a que el perjuicio fiscal asciende a miles de millones de pesos.