***Un Tribunal Especializado garantizará usos y costumbres al impartir justicia: Gerardo Ulloa
***Es histórica y trascendente esta modificación en materia judicial: Max Correa
**Acerca la justicia y el derecho a los pueblos indígenas: Anais Burgos
Valle de México, a 23 de febrero de 2023.- Diputadas y diputados de Morena, integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia con Asuntos Indígenas, dieron su respaldo con el voto a favor para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y crear la Sala de Asuntos Indígenas que imparta justicia, asegurando el respeto de usos y costumbres de los pueblos originarios.
Como secretario de las comisiones unidas, y presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el diputado Gerardo Ulloa recordó que la iniciativa fue presentada el 3 de junio de 2022 por el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y que se celebró una consulta pública a los pueblos originarios, de manera libre e informada, en las fases pre consultiva, de diálogo y decisión para tomar incorporar su opinión a la iniciativa.
En su participación, el diputado Max Correa resaltó que es histórica y trascendente esta modificación en materia judicial para integrar una sala especial para aborde con un reconocimiento a la composición multicultural y pluriétnica del Edomex, y juzgue con un enfoque indígena, lo que abre brecha en el Poder Judicial estatal.
Adicionalmente, planteó que en la Escuela Judicial se considere la formación de jueces y magistrados que tengan en cuenta esta perspectiva multicultural y pluriétnica cuando se enfrentan a cualquier caso y asunto al juzgarlo, pues el Estado de México cuenta con más de 500 mil personas de cinco etnias originarias, así como de otras entidades.
En tanto que la parlamentaria Anais Burgos, felicitó al magistrado Ricardo Sodi por acercar la justicia y el derecho a los pueblos indígenas que no siempre van de la mano y reconoció el esfuerzo para crear espacios de justicia para los pueblos originarios que son la base de la sociedad en el Estado de México.
Tras realizar un reconocimiento a los pueblos mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa afirmó que con la creación de la Sala de Asuntos Indígenas se reconoce que a través de un tribunal especializado se garanticen los usos y costumbres, la pertinencia como mexiquenses, sin renunciar a su forma originaria de vivir y organizarse.
“La iniciativa que aprobamos además de corregir una omisión en la integración de la iniciativa original, reivindica y reconoce la autonomía, la libre determinación, la lengua, cultura e instituciones de los pueblos y comunidades indígenas; así como su derecho a participar, opinar y decidir en los asuntos públicos, en temas de fundamental importancia, como lo son: la creación de las leyes y la impartición de justicia”, subrayó Ulloa.
Y enfatizó que, al reconocer la valía de todas las personas, sin distinción alguna, se podrá avanzar hacia una mejor convivencia, libre de todo tipo de violencia, discriminación y exclusión social.
El dictamen fue aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios para la creación de la Sala de Asuntos Indígenas, y que tendrá entre sus atribuciones conocer de los recursos ordinarios en contra de resoluciones judiciales, donde alguna de las partes se asuma como integrante de algún pueblo originario y se planteen cuestiones del propio pueblo que se confronten con la tutela de derechos humanos.
También emitirá opiniones consultivas en asuntos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas para constatar que en el procedimiento respectivo se hayan respetado los principios y derechos humanos; propondrá al Pleno protocolos de actuación para juzgamiento con perspectiva de interculturalismo jurídico.
La Sala de Asuntos Indígenas también podrá conocer y resolver las causas relacionadas por incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; y conocerá de las inconformidades relacionadas con el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas.