***No hay condiciones para sacar el Paquete Fiscal 2022 en el plazo legal: Maurilio Hernández

***Morena y aliados aseguran que gravámenes afectarán a 500 mil mexiquenses

***PRI y aliados insisten en que se aprueben porque habrá beneficios en el rubro social

Toluca, Méx., a 7 de diciembre.- La creación de nuevos impuestos y un mayor endeudamiento al gobierno del Estado de Mexico y a los municipios permanecen sin el consenso necesario para aprobar el Paquete Fiscal propuesto por el gobernador Alfredo del Mazo, pues mientras la bancada de Morena y sus aliados se oponen a los primeros y demandan más información respecto de los créditos, el PRI y sus aliados defendieron el documento con el argumento de que los nuevos gravámenes servirán para atender el rubro social y la contratación de pasivos para atender obras de movilidad, entre ellas las que requiere el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Durante el análisis del Paquete Fiscal 2022 por las comisiones de Finanzas Públicas y de Planeación y Gasto Público, el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, expuso la preocupación del grupo parlamentario de Morena por la creación de nuevos impuestos para 2022 y por la contratación de más financiamiento, por lo que pidió analizar a detalle la iniciativa y llamó a construir consensos que beneficien a la población mexiquense.

Previamente, el también coordinador de los diputados de Morena descartó la aprobación del paquete presupuestal del próximo año para el 15 de diciembre, cuando vence el plazo legal, al mencionar que inclusive se podría ir la discusión hasta enero, como sucedió para el ejercicio fiscal 2021.

El legislador dijo que no ve condiciones para que el presupuesto se vote antes del día 15, porque primero tendría que aprobarse la Ley de Ingresos, pero “esperaremos para el 18, ya que se cierre”.

“Para el 15 les adelanto que no hay condiciones”, afirmando que  hay temas que deberán revisarse, como la deuda y los programas sociales.

“No es una posición, ni a favor, ni en contra, simple y sencillamente hay que ver el costo beneficio de la toma de decisiones, no solamente de carácter económico, sino también de carácter social”, expuso, al referirse a los gravámenes propuestos por el gobernador Alfredo del Mazo, ello en materia de casas de empeño, a empresas, a personas físicas y ambientales.

En cuanto a la sesión de análisis, en el desarrollo de la misma Maurilio Hernández propuso centrarse en el análisis de la Ley de Ingresos del Estado, específicamente en las participaciones federales, los recursos propios y el financiamiento, y establecer criterios de carácter técnico, político y social para avanzar en el análisis, además de recordar que el artículo 61 de la Constitución Política estatal señala que el Paquete Fiscal debe aprobarse el 15 de diciembre, pero posibilita extender su análisis hasta el 31 de enero de 2022.

La reunión, presidida por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena), las y los legisladores Daniel Andrés Sibaja González, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Isaac Montoya Márquez y Faustino de la Cruz Pérez expresaron que no se les ha proporcionado información suficiente para conocer el destino de los recursos a contratar.

Aseguraron que no existen políticas de austeridad, que se observan incrementos en el capítulo de sueldos en la administración central, que no se combate la corrupción y que los cuatro nuevos impuestos propuestos afectan a más de 500 mil contribuyentes registrados como personas físicas con actividad empresarial, ya de por sí considerados como cautivos, y se pronunciaron por mejorar la capacidad recaudatoria.

Por su el lado del PRI, el diputado Braulio Álvarez Jasso resaltó que funcionarios del gobierno estatal han respondido a las dudas de las y los legisladores, que algunos municipios enfrentan situaciones muy complicadas en materia económica y que siete de cada 10 pesos están destinados al gasto social, se incrementa el gasto en salud hasta en 13.5 millones de pesos por día, que en educación se otorga un incremento del 10 por ciento real, igual que en el combate a la pobreza, además de que propone aumentar en 10 por ciento los recursos para la igualdad entre mujeres y hombres.

Dijo que el Censo de Población 2020 provocó que la entidad perdiera 4 mil 300 millones de pesos al ver reducida su población en un millón 100 mil habitantes, y dijo que los municipios y el Estado requieren más recursos, por lo cual es necesario recaudar más y hacer uso de las posibilidades que la ley otorga al gobierno estatal.

Mientras, el legislador Guillermo Zamacona Urquiza llamó también a construir consensos para aprobar el paquete de iniciativas y recordó que la entidad es la que menos participaciones federales per cápita recibe por habitante, por lo cual se obliga a buscar nuevas formas de ingresos, que la Ciudad de México también ha propuesto un impuesto para las aplicaciones digitales, además de que pidió considerar el impuesto ecológico, pues tiene el incentivo de mejorar la calidad del aire, y los que se aplicarían a casas de empeño, y cedulares pues, dijo, no impactan directamente al contribuyente.

Por su lado, el legislador Enrique Jacob Rocha explicó que el gobierno estatal proyecta 74 obras en los municipios y que dos terceras partes de la deuda que se contrate será para obras de movilidad, incluidas las del sistema aeroportuario, que existe un compromiso de combatir la pobreza y que el presupuesto se construye sobre principios de austeridad, por lo que pidió centrar el debate en la solicitud de financiamiento.

Durante la reunión, la coordinadora parlamentaria del Verde Ecologista, diputada María Luisa Mendoza Mondragón y el coordinador legislativo de Nueva Alianza, el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, pidieron se les de voz a los representantes del empresariado mexiquense para conocer su parecer sobre los nuevos impuestos.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, Francisco Javier Santos Arreola (PAN), expresó la necesidad de analizar a detalle el crédito que se pretende, y verificar que derive en obras tangibles, en cuanto a los nuevos impuestos, planteó que los empresarios se oponen, aunque están de acuerdo con el impuesto ecológico, pues eso los obliga a emprender procesos limpios, lo que los exentaría del pago.

Después de acordar que solicitarán a la Secretaría de Finanzas mayor información sobre la propuesta de Ley de Ingresos, las comisiones se declararon en receso para continuar con su análisis en la próxima sesión.