Por Vidal Ibarra Puig[i]

El INEGI nos anuncia en su comunicado de prensa número 651/21, del 22 de noviembre de 2021, que la población económicamente activa, PEA, del país (que se define como la población de 15 años y más de edad que durante el periodo de referencia realizó una actividad económica, o sea la población ocupada, o buscó activamente hacerlo, y que se conoce como la población desocupada en las últimas cuatro semanas, siempre y cuando haya estado dispuesta a trabajar en la semana de referencia); esta PEA, decíamos, llegó a 58.3 millones de personas.

Nos señala que un total de 55.8 millones de personas se encontraban ocupadas, lo que implicó un incremento de 5 millones de personas frente a las de igual trimestre de 2020.

Esto parecería ser una buena noticia en principio, pero veamos.

La misma nota señala que, de esta población ocupada, 12.7 millones (22.8%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; y 2.4 millones (4.3%) son trabajadores que no reciben remuneración. En otras palabras, estimada lectora, estimado lector, en esos 12.7 millones hay mucha gente que se ha autoempleado; mientras que nada más y nada menos que 2.4 millones de personas no reciben pago por trabajar ¿de qué viven entonces? Exacto: de milagro. De hecho, el mismo INGI lo reconoce, pues señala líneas abajo que los trabajadores por cuenta propia se incrementaron en 1.5 millones de personas, y los trabajadores no remunerados aumentaron en 217 mil personas.

Pero no para ahí la cosa. Menciona la misma nota que en el tercer trimestre del presente año, todas las modalidades de empleo informal sumaron 31.4 millones de personas, es decir, éste se incrementó en 3.9 millones de personas respecto al del mismo lapso de 2020 y representó 56.3% de la población ocupada.

¿Por qué vamos tan mal? La pregunta es tanto más pertinente, cuanto que la economía de los Estados Unidos sigue creciendo, y que es el destino del 80 por ciento de nuestras exportaciones, mientras que la economía mexicana va para abajo (recordemos el frenón que tuvo el mes pasado).

Antes, si la economía de EEUU crecía, jalaba a la economía mexicana; ahora no ¿qué está pasando?

La respuesta la ubicaríamos nosotros en la política económica del gobierno, concretamente en su política de gasto; más bien no gasto, sobre todo en inversión. Comencemos reconociendo que la inversión pública se ha frenado sobre todo en esta administración.

Y la poca inversión pública que se está realizando no se está haciendo bien ¿a qué nos referimos con esto?

Que por ejemplo, las tres grandes obras de este sexenio (el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya) son proyectos muy focalizados regionalmente, y en donde además el constructor es el ejército (parecido a lo que se empezó a hacer en Nicaragua hace poco tiempo). Además, las compras se están haciendo en muchos casos bajo asignación directa (habrá que revisar si están apegadas a la Ley de Adquisiciones) con lo que no se sabe qué tipo de material se está utilizando y si es el mejor para cada una de las obras. Recordando además que en especial el aeropuerto de Santa Lucía no tiene vialidades adecuadas, es decir, comunicaciones viables y rápidas, para ir y venir desde la ciudad de México.

El gasto corriente es el contrapeso de este mal gasto público. Se piensa equivocadamente que el gasto corriente, concretamente los apoyos sociales y con fines electorales, por sí solo impulsará la economía. Pero lo que no se analiza es que mucho de este apoyo social se va a dirigir solo a cierto tipo de productos, sin tener un efecto sobre todo la economía, por lo que algunos productos pueden estar resintiendo presiones inflacionarias.

En resumen, estimada lectora, estimado lector. Es necesario cambiar, de raíz, la actual política económica por una política económica de estado, que vea por el desarrollo de largo plazo del país.

Y esto, no lo está haciendo la actual administración.

[i] Doctor en economía por SciencesPo París; profesor en el Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco, viip@azc.uam.mx