***Analizan en Comisiones tipificar Delito por Autoridad Penitenciaria 

***Situación prevalece en los 23 centros penitenciarios del Edomex en complicidad de los distintos esquemas de gobierno, desde el custodio hasta el gobernador 

Valle de México, 22 de marzo de 2023.- El presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Ariel Juárez Rodríguez aseguró que los esquemas de autogobierno, corrupción y abusos contra las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que hay en los 23 centros penitenciarios del Estado de México, es una situación que conocen las autoridades estatales y se busca que esta responsabilidad que implica el esquema de negocio, que es el Sistema Penitenciario, tenga responsables al momento de algún deceso, algún tipo de vejación, de violación o tortura, que son con conocimiento de los custodios.

Afirmó “las autoridades penitenciarias están más que rebasadas por la corrupción que prevalece con la complicidad de los distintos esquemas de gobierno que tenemos en el Estado de México, desde el custodio, quien tiene el contacto directo con las PPL y hasta el propio secretario de Seguridad, sin dejar de lado la responsabilidad que conlleva el gobernador”.

Reiteró que no son los directores de los penales quienes tienen el control, es importante que haya responsabilidad para esos custodios que permiten todo este tipo de situaciones. Agregó que si se suscita una riña y llega a haber heridos o muertos, no hay responsabilidad ni intervienen los custodios, ni las autoridades que son testigos de estas situaciones y son cómplices.

En reunión de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que preside el diputado Gerardo Ulloa Pérez, se inició el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo II Ter, delito por autoridad penitenciaria, delito por la integridad y la vida corporal del Código Penal del Estado de México, que presentó el diputado Ariel Juárez a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, con el fin de fincar responsabilidades a las autoridades penitenciarias.

El objetivo de la iniciativa de reforma al Código Penal busca hacer valer lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las fracciones V y VII del artículo 20, en materia de garantizar la integridad física de las PPL y el respeto a los derechos humanos, buscando eliminar los abusos de las autoridades penitenciarias y cobros que realizan, que son conocidos, aunque los nieguen.

La exposición de motivos señala que en el Estado de México existen 23 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, incluyendo el de Adolescentes y el que supuestamente es Modelo, en los cuales hay 34 mil 475 Personas Privadas de su Libertad (PPL) lo que ocasiona sobrepoblación, hacinamiento, problemas de salud pública, falta de medicamentos para atender a los internos y en muchos de los casos abusos de las autoridades penitenciarias, violando de manera flagrante los derechos humanos.

El diputado de Morena explicó que quien cometa un delito debe pagar conforme a lo que determina la legislación, pero eso no debe ser motivo para que sean violados sus derechos humanos y sobre todo ser sujeto a agresiones por parte del personal penitenciario.

Resaltó que la corrupción y autogobierno, permite que en los dormitorios existan las llamadas “madres”, “mamás”, quienes le dan la garantía del director del reclusorio de controlar a los demás internos, en los dormitorios que hay en los 23 penales, otorgar privilegios, prebendas y facilidades dentro de la cárcel.

Todo esto se hace bajo complacencia de custodios, jefe de la aduana, jefe de turno, subdirector, director, subsecretario del Sistema Penitenciario y del propio secretario de Seguridad, por ello, aseguró Ariel Juárez, “buscamos evitar que siga esta complicidad entre las autoridades penitenciarias y quienes controlan realmente el centro penitenciario, son los que dan garantías, las PPL que tienen a su cargo los dormitorios, para que no haya motín, alguna situación anormal o de falta de control” apuntó.

Todo este esquema de corrupción, refirió el legislador de la 4T, lleva a establecer verdaderas situaciones de castigo, extorsión, tortura, y de golpizas, de las cuales la Comisión Especial del Sistema Penitenciario recibe constantemente quejas, tanto de custodios que ejercen control sobre las PPL como de los propios líderes de los dormitorios.

El legislador ejemplificó la corrupción de quien dirigía el penal de Barrientos,  el famoso “gorras” o el “300”, quien tras obtener su libertad la semana pasada, la FGJEM  ejecutó otra orden de aprehensión, ingresó al penal de Cuautitlán, “pero con su respectivo moche, a la directora de Cuautitlán, Paula Gabriela Valdez, a Norma Rodríguez y a Sergio Hidalgo, regresó a ser nuevamente dueño de este penal”.

El diputado de la 4T, respaldó la propuesta de su homólogo del PRI, Braulio Álvarez, de que asistan autoridades penitenciarias, pero aseguró, que quien debería de acudir debería ser el secretario de Seguridad, “pero evaden la realidad, al dar solo un diagnóstico y una justificación, sin reconocer y corregir el esquema bajo el que operan los penales”, y propuso que se invite a familiares de internos, para escuchar de viva voz lo que tienen que padecer con el sistema de corrupción, garantizándoles que no habrá ningún tipo de represalia.

Refirió que, en los Foros que realizó, la misma gente le dice que no pueden abrir la boca, porque trasladan a sus familiares, del Estado de México a otras entidades, solo por denunciar lo que pasa en los penales. Por lo que también se debe convocar a organizaciones como Presunción de Inocencia, Zeferino Ladrillero, a Reinserta, entre otras.