***Actualmente, si un trabajador del sector educativo empuja a los baños a una mujer y la agrede, la conducta no es considerada como hostigamiento y/o acoso sexual

***La propuesta de la diputada Mónica Álvarez Nemer plantea reformas y adiciones para prevenir, erradicar y sancionar el acoso y hostigamiento sexual registrado en inmuebles públicos

Valle de México, a 15 de junio de 2023.- La iniciativa de Mónica Angélica Álvarez Nemer, diputada del Grupo Parlamentario de Morena (GPM) que propone reformas y adiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar con perspectiva de género todo tipo de conducta de acoso y hostigamiento sexual, fue respaldada de manera contundente por Luis Octavio Martínez Quijada, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).

Durante la reunión de trabajo entre las y los integrantes de la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia, donde se estudia y analiza la propuesta, Martínez Quijada, convocado para emitir su opinión sobre la iniciativa, consideró que la propuesta es viable no sólo porque se establecen las bases jurídicas para que todo procedimiento administrativo-denuncia ante el TRIJAEM se procese con perspectiva de género, sino también porque tiene como objetivo fundamental el que “no exista violencia dentro del servicio público”.

“Lo hemos dicho nosotros al interior del Tribunal, no puede existir un buen servicio público que se presta desde un ambiente de violencia”, expresó el Magistrado tras recordar que la iniciativa también contempla una ampliación de conductas irregulares de funcionarios públicos y sus respectivas sanciones.

El Magistrado Octavio Martínez comentó que es necesario modificar la ley, como lo propone la diputada.

Ejemplificó su aseveración planteando un caso hipotético donde un trabajador del sector educativo empuja a una alumna al baño, se encierra y “hace cosas indeseables”; conducta que en estos momentos la ley no la considera como acoso sexual, ni hostigamiento sexual y quizás una falta administrativa no grave.

“En ese tipo de situaciones a los padres de los menores les tenemos que decir que lo que cometió el servidor público no es grave”, dijo al recordar que el acoso sexual, según la ley vigente, habla de la existencia de un asedio reiterado ¿entonces si la conducta no es reiterada no es acoso sexual? cuestionó.

Por su parte, la autora de la propuesta, Mónica Álvarez, enfatizó que se deben impulsar todos los cambios jurídicos y administrativos necesarios para que todos los casos sean analizados con perspectiva de género y con ello tratar de anular ese tipo de comportamientos, hostigamiento y acoso sexual, que afectan de manera frecuente a las mujeres.

Recordó que, en estos momentos, cuando “alguna compañera del servicio público” es víctima de acoso sexual e inicia su procedimiento de queja-denuncia interna, a quien cambian de área es a la mujer-víctima y no al acosador.

Por lo que ese tipo de soluciones parciales deberán de cambiar, no sólo porque habrá sanciones contundentes para los agresores, sino también porque las y los Magistrados y todos los involucrados en la investigación tendrá que analizar los casos con perspectiva de género, insistió.

Por lo anterior, sostuvo, vale la pena avalar las modificaciones a Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, al margen de que quizás la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad como lo comentó Javier de Jesús Domínguez González, representante de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México.

Funcionario del Poder Ejecutivo que se manifestó a favor de la iniciativa, pero colocó sobre la mesa de análisis la posible inconstitucionalidad de las modificaciones legales que se plantean, ya que modificarían sanciones a conductas contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Argumento que fue minimizado por el Magistrado Octavio Martínez Quijada al recordar que no tendría sustento jurídico algún proceso de inconstitucionalidad, ya que la iniciativa busca aumentar los supuestos y sanciones de dichas conductas, y no disminuirlos por lo que jurídicamente es viable la reforma.

La iniciativa seguirá en fase de estudio y análisis, ya que los integrantes de la comisión están a la espera de que la Junta de Coordinación Política del Congreso local, determine si la propuesta es analizada de manera conjunta a una similar presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde.