Toluca, Méx., a 12 de octubre.- El legislador Ariel Juárez Rodríguez cuestionó al secretario de Seguridad estatal, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, sobre las omisiones del gobierno del Estado de México para abatir la inseguridad, “fenómeno que ya es parte de la vida de los mexiquenses, sobre todo en el sur de la entidad, región gobernada por el PRI, por lo que los habitantes siguen esperando resultados”.

Durante la comparecencia del funcionario en la glosa del cuarto informe de gobierno, el morenista denunció que previó a su intervención en tribuna, la noche de este lunes sufrió de intimidación por parte de funcionarios estatales, quienes advirtieron al titular de la policía municipal de Cuautitlán “bajarle”, sino quieren que sea un escándalo el tema de tránsito, porque amenazaron con llegar con 200 elementos a llevarse al ministerio público a los efectivos de dicha comuna.

En tribuna cuestionó: ¿la dependencia que usted representa junto con el Gobierno del estado, continúan fomentando la corrupción al interior del sistema de Seguridad Pública?, habrá que revisar porque la ola de inseguridad, sobre todo en municipios gobernados o mal gobernados por el PRI y el PAN.

En su intervención a nombre de la bancada morenista, ponderó la exigencia de una verdadera profesionalización de las corporaciones policiacas, “porque si los policías son corruptos, ustedes son los que los evalúan”.

El también presidente de la Comisión del Sistema Penitenciario afirmó: “con ustedes el pueblo no está seguro”, y por ello exhortó al titular de Seguridad a trabajar de manera conjunta en dicha Comisión, para analizar la corrupción que prevalece al interior de los 21 reclusorios.

También cuestionó al encargado de la seguridad estatal sobre el destino de los recursos que se entregan a la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia del Estado de México, además de las sumas que se cobran a los 125 municipios por prestarles el servicio de capacitación, a la vez que denunció que los costos no son bajos y los resultados del adiestramiento no son alentadores.

Juárez Rodríguez señaló que el recurso del FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) que llega a los municipios en gran parte se destina a capacitación que se obliga a ser contratada con esta Universidad, que es operada por el gobierno estatal y que en la práctica no es muy útil a los elementos policiales.

Respecto del Centro de Control de Confianza, exigió conocer el destino de los ingresos y el presupuesto asignado, porque cobra 5 mil 500 pesos por elemento para ser evaluado por permanencia y/o nuevo ingreso, otra cantidad igual por reprogramación no justificada, 3 mil 536 por evaluación para la Licencia Oficial Colectiva de arma de fuego (LOC).

El legislador resaltó que este centro obliga a los municipios, en su mayoría gobernados por el PRI y el PAN, mediante convenios oscuros con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a realizar todas las pruebas ante sus propias instituciones evaluadoras y capacitadoras, quienes se ostentan como particulares, sin tomar en cuenta que existen instituciones certificadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que no son autorizadas por este organismo estatal.

El diputado también cuestionó al secretario de Seguridad, sobre el estado actual de la corporación auxiliar conocida como Cusaem, considerada el mayor negocio de la Secretaría Seguridad, porque no rinde cuentas, pero sí genera millonarios ingresos.

Exhorta Morena al gobernador a no cambiar al titular de la SSEM

Por otro lado, la diputada de Morena Beatriz García Villegas hizo un llamado al gobernador Alfredo del Mazo Maza, para que deje de cambiar titulares en la Secretaría de Seguridad del estado de México para dar resultados en esta materia, ya que la entidad mexiquense ocupa el primer lugar en robo con violencia y lesiones dolosas, y el segundo lugar en extorsión, robo a transeúnte y robo a transporte público, y el quinto lugar en trata de personas.

La legisladora, al subir a la tribuna, colocó una cédula de búsqueda de una mujer del municipio de Ecatzingo que desde hace 12 años salió para acudir a una junta de su hija y jamás regreso.

Puntualizó que en el estado de México los ciudadanos temen ser extorsionados por “autoridades estatales corruptas”, a la vez que dijo que el gobierno estatal cerró en el 2017 con 1,385 casos de denuncias de extorsión y que a partir de ahí las cifras han aumentado hasta llegar a los 2,995 casos en el 2020. “Y no dudamos que este año puedan incrementarse”.

Manifestó que en términos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, publicada en marzo de 2020, el  25.8  de la población no confía en los cuerpos policiacos. Y los tres trámites con mayor prevalencia de corrupción son el contacto con las autoridades de seguridad pública, permiso relacionado con la propiedad y trámites ante el ministerio público.

Hizo hincapié en el incremento del delito de robo en transporte público, donde se trasladan diariamente millones de mexiquenses, por lo que se iniciaron 15 mil 303 carpetas en 2020 contra 20 mil 242 en lo que va del 2021. “Una cámara de video no salva vidas”.

Con respecto a los feminicidios, sostuvo que de acuerdo a datos del Reporte trimestral sobre incidencia delictiva en el Estado de México, el primer semestre de 2021 del Observatorio Nacional Ciudadano, para 2020, dio a conocer que hubo 63 feminicidios y para 2021 se han registrado 66. 

“A pesar de la alerta de género, los múltiples cursos de capacitación, trabajos colaboraciones con distintas dependencias encargadas, y los miles de millones de pesos invertidos en tecnologías”.