Por Eduardo Ibarra Aguirre

Resulta indispensable que los actores políticos y agentes económicos reflexionen sobre las palabras finales de la magistrada presidenta Mónica Soto, con independencia de qué partidos fueron los “beneficiados” y cuáles los “perjudicados”, como sostienen voceros de las oposiciones mediáticas, empresariales y partidistas, con la sentencia definitiva e inapelable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las elecciones del 2 de junio y el reparto de curules.

La resolución del TEPJF se tomó, al decir de Soto Fregoso, “sin temor a críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, juzgar con libertad y con apego a derecho”. Presiones sin precedente en la historia del Tribunal Electoral, a cargo de partidos opositores, la alebrestada dictadura mediática y los que aún no pueden leer y asimilar la nueva realidad sociopolítica y reaccionan como en tiempos de los dueños de México.

Baste mencionar que el TEPJF recibió “cientos de correos, amicus curiae (expresiones ciudadanas) y 8 528 impugnaciones admitidas a trámite, aunque por diferentes vías obtuvo 13 513, hecho sin precedente, la mayoría contra la llamada sobrerrepresentación.

El hecho es que fueron declarados infundados los alegatos del PRI, PAN y MC, a pesar de que las presiones fueron tan abundantes que trascendió la suspensión de la sesión definitiva y definitoria del día 28, aunque la realizaron por la tarde; lo anterior da una idea del efecto logrado por los que pretendían atemorizar para influir en el estado de ánimo de los magistrados.

Finalmente imperó el más común de los sentidos y los desestabilizadores fueron colocados en su justo sitio con todo y el ruidoso apoyo desde Estados Unidos y otras latitudes. Y todas las sentencias sobre el proceso electoral 2023-2024 se tomaron, subrayó la abogada Mónica Aralí, “desde una perspectiva estrictamente jurisdiccional, dejando de lado cualquier orientación política, económica o cultural”.

De esta manera pusieron punto final y dieron “definitividad a los resultados de la votación emitida el 2 de junio, donde 60 millones 116 184 mexicanos expresamos nuestra voluntad de manera libre”.

Así, el TEPJF confirmó por mayoría (cuatro votos contra uno) la asignación de legisladores de representación proporcional que da a Morena y aliados 364 de 500 curules en la Cámara de Diputados, una holgada mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales. Y los dejó a tres escaños de lograrlo en el Senado, pero el mismo miércoles 28 se colocaron a un escaño al ingresar dos senadores del extinto PRD.

Para que no quepa la menor duda o confusión, Felipe de la Mata y Mónica Soto recordaron a los escandalizados opositores que buscaron obtener en tribunales lo que no conquistaron en las urnas, que la fórmula de asignación de plurinominales está en la Constitución y sus límites datan de 1996, a partir de la votación obtenida por partido, no por coalición. Las reglas del sistema establecen que es jurídicamente válido que cada partido esté sobrerrepresentado en ocho puntos en relación con el porcentaje de la votación nacional. De ahí que los inconformes basaron sus alegatos en premisas falsas: “Nos guste o no, nuestro modelo actual no es de proporcionalidad pura, sino mixto”.

Esa fórmula benefició en su momento a diferentes fuerzas políticas, por lo que no se puede interpretar la Constitución de modo diferente sólo por el descontento de algún contendiente. Así de simple y de sencillo. No lo entiende quien no quiere.

 Acuse de recibo

El 75% de los encuestados por Enkoll consideran que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben resultar “Por elección del pueblo de México” 21%, “Por la Cámara de Senadores” 75% y 4% “No sabe / no respondió”. Y los magistrados y jueces del Poder Judicial, 73% “Por elección del pueblo de México”, 23% “Por el Poder Judicial de la Federación” y 4% “No sabe / no respondió”… Son porcentajes que ilustran sobre las conductas desesperadas, agresivas y aun ridículas de las oposiciones empresariales, mediáticas y partidistas que condujeron a Norma Piña, presidenta de la SCJN, a exhibirse dispuesta a violentar la Constitución a solicitud de Marko Cortés, el gris y corrupto presidente del PAN… Lo ratifica patéticamente este mensaje de Ramón Sifri: “A llegado la hora de los ciudadanos bien nacidos! Si el gobierno federal, la corcholata del dictador y la delincuencia organizada de Cuarta insisten en destrozar al país; debemos convocar a los más de 65 millones de mexicanos que no votaron por los sicarios de Morena, a un movimiento de resistencia civil para que a partir del 1o. de Octubre dejemos de pagar impuestos al gobierno corrupto, fascista y antidemocrático de los último 70 años”… A un siglo del nacimiento de Arnoldo Martínez Verdugo (12-I-1925), el último secretario general del Partido Comunista Mexicano, https://drive.google.com/file/d/13n0I9ghdeMmJAzn36iouGZCPspBT7GWk/view

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