Por Eduardo Ibarra Aguirre

En el último informe sobre el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocida por sus siglas de Segalmex –antes Conasupo–, se cuantificó en 2 700 millones de pesos por Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública, lo que equivale al 28% de los 9 500 millones de pesos estimados como “posibles desvíos” por la Auditoría Superior de la Federación y la misma SFP.

De los 9 500 millones de pesos originales, dijo el secretario Salcedo, 4 700 millones, cerca de 50%, “ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes”. En tanto, 2 100 millones, 22%, “están en proceso de análisis para acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes”.

En tanto que para la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, por esas malversaciones hay 26 personas vinculadas a proceso penal, nueve exfuncionarios públicos y 17 particulares. Destaca que entre los procesados  no se encuentra Ignacio Ovalle Fernández, exdirector general de Segalmex.

Ovalle es un político y abogado que despuntó durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-76) al desempeñarse como titular de la Secretaría de la Presidencia. Y desde que empezó la historia del caso, hasta hoy el más escandaloso de corrupción en el gobierno del presidente Andrés Manuel, es público y se puede documentar el interés del Tabasqueño de Tepetitán (Macuspana) por poner a buen resguardo al destacado echeverrista al nombrarlo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Llegó López Obrador al extremo de presentar a Ignacio Ovalle como víctima de engaños por parte de sus colaboradores que ocupaban cargos directivos en Segalmex y que ahora se encuentran bajo proceso, como René Gavira, exdirector Administrativo, y Manuel Lozano, exdirector Comercial, preso en Argentina y de quien se espera su extradición a México.

Si AMLO tiene razón en la explicación brindada en varias mañaneras, pues su todavía colaborador Ovalle fue un inepto en Segalmex al no enterarse de lo que armaban financieramente sus principales subordinados o bien un simple tontejo.

En cualquier caso no es atribución presidencial, sino exclusiva de Ministerio Público, abrir y cerrar carpetas  de investigación sobre presuntos ilícitos cometidos por funcionarios públicos o los ciudadanos, pero las inercias no desaparecen de la noche a la mañana, ni siquiera en seis años.

Como ya es habitual Obrador adelanta vísperas que en política no es lo más recomendable y en la misma mañanera del jueves 5 sentenció: “Es el único caso de corrupción que se nos presentó en el gobierno”.

En efecto, pero tal aseveración es válida hasta aquel día, pues en la muy enraizada costumbre mexicana las corruptelas sexenales se ponen al descubierto o se inventan al comenzar el nuevo sexenio. Y si bien vivimos tiempos de la Cuarta Transformación todavía está por verse si se superan aquellas deleznables prácticas del revanchismo político y los ajustes de cuentas encarcelando a funcionarios de  segundo y tercer niveles, pero muy identificados con el presidente que concluye su mandato.

Mientras tanto, a unas semanas del cierre del sexenio, los indicadores del avance en el combate a la corrupción no se han modificado como el gobierno estimó a finales de 2018 y muestran que lo alcanzado aún está lejos de las metas en la materia que se había propuesto AMLO con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.

Acuse de recibo

La dictadura mediática está a todo lo que da en contra de la limitada pero importante reforma judicial, escupe al cielo porque la pérdida de credibilidad que sufre no tiene precedente y la tendencia es pronunciada. Las audiencias ven sus canales, escuchan sus radiodifusoras y leen sus periódicos pero no les creen, de acuerdo con las mediciones de la británica Reuters y la Universidad de Oxford, fuera de toda sospecha como obradoristas… Otro estudio, a cargo de Salvador Frausto y Balbina Flores, concluye que 11 familias son propietarias de los medios que abastecen de información (desinformación) a la mitad de las audiencias… En la fiebre democratizadora que vive el país, Fernando Rivera Calderón propone que los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina sean electos por voto ciudadano. El conductor del programa televisivo Operación Mamut (11.1 y 14.1) y Me Canso Ganso (22.1), además de comediante, guitarrista, cantautor, baterista, entrevistador y analista en Desde el más Allá (22.1), no tiene claro que se elige al titular del Ejecutivo federal y no a los secretarios de Estado o encargados del despacho, a excepción del secretario de Relaciones Exteriores a quien lo ratifica el Senado. Son los riesgos que se corren por ejercer como “todólogo”. Allí está el ejemplo de Héctor Aguilar Camín a quien ya ni Emilio Azcárraga y Televisa soportaban.

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