Por Vidal Ibarra Puig[1]

“La verdad os hará libres”. Sócrates.

Esta semana Iberdrola, la compañía que fue acusada por amlo en junio de 2020 de participar en la campaña en su contra debido a que se estaba promoviendo la reforma energética (etiquetándolos incluso como parte del conservadurismo muy corrupto e hipócrita), anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España la venta de 13 centrales de generación eléctrica en México por un total de $6 mil millones de dólares a un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora privada de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía. En otras palabras, será una operación entre privados, donde no adquiere nada el gobierno mexicano.

Pero ¿Por qué el gobierno mexicano anuncia que hace esta “compra”, pero no precisa que en realidad es a través de un fideicomiso, que es privado?

Aclaremos en primer lugar que un fideicomiso es, en este caso, un administrador de fondos, que los administra según instrucciones de una tercera persona. Cuando entramos a la página de MIP, no dice información alguna acerca de quién constituyó el fideicomiso, dónde está constituido y cómo se fondea (tratamos de entrar a ver la constitución de 4 de sus fondos, maneja 4 fondos, pero las páginas están “en construcción”; otros más están cerrados). Ya aquí se evidencia la falta de transparencia.

En segundo lugar, por su forma de operar, las transacciones que se realizan a través de un fideicomiso, están protegidas por el secreto bancario, más cuando son privados, como es el caso que nos ocupa. En otras palabras, una vez más, adiós a la transparencia de sus operaciones.

En tercer lugar, el principal inversionista de este fideicomiso es el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, del gobierno mexicano, el cual fue creado durante el periodo neoliberal, en 2008, con el objeto de ser el vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística. Nótese que el sector Energético no está en sus prioridades. Este fideicomiso ha servido para diversas operaciones relacionadas con las grandes obras del sexenio, sin la trasparencia debida, como ya anotamos.

Pero además, al revisar los Criterios Generales de Política Económica para este 2023, no encontramos ninguna partida asignada para la “compra” en comentario; y si recordamos que el viernes de la semana pasada se publicaron los Criterios Preliminares de Política Económica para 2024, tampoco aparece este gasto.

¿De dónde va a salir entonces el dinero para fondear esta compra, no por parte del gobierno mexicano, sino del Fideicomiso MIP?

Hay que suponer entonces que este dinero, aproximadamente 120,000 millones de pesos (lo que iba a costar en un inicio el tren maya o la refinería de dos bocas), deberá ser a través de la reasignación de partidas ya aprobadas y que, más aún, ya están en ejercicio, por lo que es prácticamente imposible reasignarlas, pues fueron aprobadas por el Congreso desde el año pasado.

La opción que queda es que MIP emita bonos de deuda en el mercado para fondear esta compra; o que el gobierno mexicano apoye un endeudamiento de este fideicomiso, dado que es el socio mayoritario a través de Fonadin.

Pero al ser MIP el responsable de esta deuda, los 120,000 millones de pesos no aparecerían como deuda del gobierno mexicano, pues el solo estaría dando su aval; el que se endeuda es el fideicomiso privado, pero con la garantía de nosotros, los contribuyentes.

Otro elemento a considerar es el tipo de plantas que se compra y su antigüedad, lo que se aprecia en el siguiente cuadro.

Como se puede apreciar, aparecen varias plantas de “Ciclo combinado”. Estas plantas utilizan gas para producir energía eléctrica, pero México importa más del 70 por ciento del gas que se consume. Entonces ¿de dónde se obtendrá el insumo necesario para estas plantas? Pues del extranjero, compitiendo además con otros compradores de este energético, lo que va a llevar su precio al alza.

Por otro lado, como se puede apreciar, la edad de algunas de estas plantas es de más de 10 años, por lo que es imperativo un proceso de revisión y mantenimiento a profundidad; en otras palabras, más gastos, sobre todo considerando que a raíz de los ataques a la empresa Iberdrola, tenemos la impresión de que algunas estas plantas ya no tuvieron la atención normal debida. Ojalá nos equivoquemos y que no se esté comprando chatarra.

En resumen, estimad@ lector, lectora, hacer esta operación a través de un fideicomiso de inversión privado, Mexico Infrastructure Partners (MIP), con dinero de nosotros los mexicanos, le quita transparencia al manejo de ese dinero, pues está protegido por el secreto bancario. Además, el dinero que se va a pagar a Iberdrola saldrá de deuda que contrate el fideicomiso de inversión y que no aparecerá en deuda del gobierno; o sea, no aparecerá como deuda que debamos pagar, aunque sí seremos responsables nosotros, los mexicanos, pues el principal accionista del fideicomiso es el Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin. Nótese además que los dueños de lo que se está comprando no serán los mexicanos, sino el MIP, quien las dará para su administración a la CFE, pero ¿bajo qué condiciones? En otras palabras es una venta entre privados. Las plantas en cuestión, además, necesitan ya mantenimiento a profundidad dada la edad que tienen.

No queremos ser malpensados, pero la falta de transparencia no ayuda en esta operación, que está muy, muy lejos de ser una nueva nacionalización eléctrica.

Por favor, cuide su dinero y use cubrebocas. El virus del Covid19 sigue latente y la única vacuna que se está aplicando en nuestro país es la cubana Abdalá, que no ha sido reconocida por la OMS, y que aquí se está aplicando a toda la población, incluidos los niños.

[1] Profesor en el Departamento de Economía, UAM Azcapotzalco.