Por Vidal Ibarra Puig[1]

El pasado día martes 20 de diciembre, un embajador mexicano fue declarado persona non grata en un país ante el cual tenía la representación del gobierno, concretamente ante Perú.

Un antecedente, reciente, fue el caso de la embajadora mexicana María Teresa Mercado Pérez, la cual fue expulsada de Bolivia en 2019, por el gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien asumió el cargo también a resultas de violaciones a las leyes de Bolivia que hizo el entonces presidente Evo Morales y que llevaron a su destitución.

La economía peruana depende mucho de las materias primas, concretamente del cobre, por lo que las variaciones de sus precios le afectan de manera fuerte. Los Productos agropecuarios y los Combustibles y productos extractivas suman el 68 por ciento de las exportaciones de ese país.

En el caso de la actual situación política de Perú, lo que sucedió, grosso modo, fue lo siguiente: el miércoles 7 de diciembre a las 15:00 hora local de Perú, estaban previstos el debate y la votación en el pleno del Congreso de la moción de vacancia (inhabilitación para ejercer el cargo) contra Pedro Castillo; pero adelantándose a la votación, el señor Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la instauración de “un gobierno de emergencia excepcional”.

Este es el origen de lo que se ha calificado como un autogolpe de estado. Según especialistas, la Constitución peruana establece los requisitos para poder disolver el congreso, los cuales Pedro Castillo no cumplió. Tan no los cumplió que muchos de los congresistas de su propio partido votaron en su contra por violar la Constitución. Incluso sus ministros más relevantes renunciaron cuando anunció que disolvía el congreso, en su intento de golpe de estado. El señor Castillo, que presume de ser maestro de primaria, ni siquiera había leído la Constitución.

La actitud del actual gobierno de México no ha sido acorde con los principios de autodeterminación de los pueblos y no injerencia en asuntos internos de otros países. Desde hace tiempo, el presidente mexicano habló de enviar una misión para ayudar a Castillo a resolver los problemas políticos de Perú, a lo que el parlamento peruano respondió advirtiéndole al gobierno mexicano que los asuntos de Perú correspondían (y corresponden) exclusivamente a los peruanos.

Lejos, muy lejos, están las épocas en las que México era respetado en los foros internacionales en base a sus principios de política exterior. Como ejemplo, los acontecimientos cuando Hitler se anexó Austria: en 1938, México fue la única nación que elevó una protesta ante la Sociedad de Naciones debido a la anexión del territorio austriaco al Reich alemán por los nacionalsocialistas -el llamado Anschluss. Otro caso fue la reacción de nuestro país cuando Italia invadió Etiopía, acto por el que, por cierto, por eso existe la glorieta de Etiopía (ahora rebautizada con el horrible nombre de Plaza de la Transparencia) que fue inaugurada cuando el Negus vino a México a agradecer su respaldo por esos momentos de decisiones mexicanas.

O también cuando México reaccionó oportuna y valientemente ante el golpe de estado en Chile, las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Bolivia, cuando de esos países, bajo el plan Cóndor (apoyado por EEUU por cierto), miles de personas tuvieron que huir de sus países. Ahí México tuvo fuertes fricciones con los EEUU.

En el caso actual de la situación de Perú, el argumento de fondo de los peruanos para declarar persona non grata al representante del actual gobierno mexicano en ese país, es la intromisión en los asuntos internos de Perú. Esto es así ahora pues, a sabiendas de que Pedro Castillo es un delincuente, México lo apoya para que no se le aplique la ley de Perú por ese intento de autogolpe de estado.

Mientras tanto, el señor Pedro Castillo, delincuente por violar la Constitución peruana, sigue llamando a la insurrección y a la desobediencia civil dentro de su país, provocando muertos e inestabilidad política y económica.

Y recordemos que, según la ley, si alguien apoya a un delincuente a sabiendas de que lo es, automáticamente se convierte en cómplice de los delitos cometidos.

La ley es la ley. Y punto.

[1] Profesor en el Departamento de Economía, UAM Azcapotzalco.