***Destaca ASF los casos de entidades en esas condiciones: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Coahuila y Jalisco, que concentraron el 62.2 por ciento del saldo total de la deuda pública en 2020.

***También están Zacatecas, Campeche, Morelos, Oaxaca y Colima.

***El ente fiscalizador resalta transparencia insuficiente en la difusión de información financiera.

Valle de México, a 21 de febrero 2022.- Montos elevados de deuda y una mayor dinámica en el crecimiento de las obligaciones financieras constituyen un riesgo para la sosteniblidad de las finanzas públicas de gobiernos estatales y municipales, además de que podrían limitar los recursos por financiamiento para inversión productiva.

Lo anterior fue “observado” por la la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los resultados de fiscalización de la deuda pública Subnacional, correspondientes a la Cuenta Pública del 2020, donde se estableció que los gobiernos locales requieren aumentar sus ingresos con acciones locales que les permitan un flujo más amplio de recursos para ser concentrados en inversión pública productiva. 

Asimismo, refirió que “la administración y el manejo responsable de las obligaciones financieras tendrá un rol prioritario para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos”. 

La ASF dividió en dos grupos a las entidades con riesgos en sus finanzas: el primero de ellos, por una deuda elevada, donde destacó los casos de la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Coahuila y Jalisco, que concentraron el 62.2 por ciento del saldo total de la deuda pública en 2020, que alcanzó 637 mil 274 millones 600 mil pesos. (ver tabla).

En el segundo, el ente fiscalizador resaltó una mayor dinámica de crecimiento real del saldo de sus obligaciones financieras en el periodo de 2010 a 2015 (posterior a la crisis financiera internacional y antes de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera), a las entidades de Zacatecas (829.0 por ciento), Campeche (289.9 por ciento), Morelos (240.8 por ciento), Oaxaca (137.7 por ciento) y Colima (108.5 por ciento). 

“En ambos grupos, las entidades con mayor riesgo fueron Veracruz, Zacatecas y Oaxaca, debido a que más del 50.0 por ciento de la contratación de obligaciones fue para refinanciar la deuda existente, lo que les permitió una mejora en el perfil de los pagos, cambio en el esquema de las amortizaciones, mejores plazos de vencimiento y periodos de gracia; no obstante, tuvieron que endeudarse más para cumplir con los pagos de deuda contraída”.

Hay que mencionar que en el caso del Estado de México, en los años 2019 y 2020 tuvo que refinanciar su deuda justo para alargar los plazos de pago, además de que el Congreso local autorizó recientemente al gobierno estatal una deuda por 5 mil 500 millones de pesos para obras de inversión productiva (obras del nuevo aeropuerto internacional), así como 5 mil 500 millones para municipios.

Según la ASF, de los financiamientos inscritos durante 2020, Veracruz dedicó el 84.9 por ciento a operaciones de refinanciamiento, mientras que Chihuahua y el Estado de México dedicaron el 100.0 por ciento y el 97.1 por ciento a inversión pública productiva. 

Durante 2020, la deuda de las entidades federativas registró un aumento del 2.4 por ciento real respecto de 2019, mientras que los municipios y sus organismos disminuyeron 4.5 por ciento y 11.4 por ciento, respectivamente, y los organismos estatales el 0.2 por ciento. 

Deuda pública municipios; el caso Naucalpan

Por otro lado, la ASF dio a conocer que entre 2009 y 2020 la deuda pública municipal tuvo un incremento nominal de 11 mil 324 millones 79 mil pesos que representó una disminución real de 13.0 por ciento.

En ese periodo la Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) tuvo una disminución de 1.3 por ciento. Al cierre de 2020, el saldo de la deuda pública municipal reportado por la SHCP ascendió a 40 mil 742 millones 700 mil pesos, es decir, 6.4 por ciento del total de la deuda pública subnacional, y tuvo una disminución de 629 millones 500 mil pesos respecto de 2019 (4.5 por ciento real).

De los más de 2 mil municipios del país, 26 de ellos pertenecientes a 13 entidades federativas, concentraron el 55.8 por ciento (22 mil 744 millones 300 mil pesos  de la deuda pública municipal total). 

Durante 2020, de los 26 municipios con mayor monto, el municipio de Tijuana tuvo el saldo más alto con 2 mil 597 millones 600 mil pesos y el de Naucalpan de Juárez, México (47.5 por ciento), tuvo el mayor incremento real registrado. 

Transparencia insuficiente

En otra parte del informe, la ASF destacó que los resultados arrojaron: dependencia presupuestaria de las entidades federativas con respecto a las transferencias federales y una limitada recaudación fiscal local; transparencia insuficiente en la revelación de la información financiera, ya que no se registran los pasivos  derivados de las obligaciones laborales;  discrecionalidad en la ejecución de los recursos públicos obtenidos mediante créditos a corto y largo plazos; deficiencias en la información revelada en la Cuenta Pública local relativa a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y déficits presupuestarios y de recursos disponibles. 

“Del conjunto de hallazgos, la ASF formuló recomendaciones para que los entes públicos locales fortalezcan la recaudación fiscal para disminuir la dependencia presupuestaria de los recursos federales y reducir el impacto de una caída en los ingresos federales que se les transfieren; cumplan con las disposiciones establecidas para la contratación y uso prudente de los créditos a corto y largo plazos, y atiendan el conjunto las disposiciones establecidas en la LDFEFM a efecto de contar con finanzas públicas sostenibles”, remarcó el informe. 

El reporte estableció que lo que se busca es que gobiernos estatales y municipales, así como sus entes, “cumplan con las disposiciones establecidas para la contratación y uso prudente de los créditos a corto y largo plazos, y atiendan el conjunto de las disposiciones establecidas en la LDFEFM a efecto de contar con finanzas públicas sostenibles”.