***Hasta el 15 de abril, se han logrado atender la totalidad de las solicitudes de protección de candidatos enviadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), informó la titular de la SSPC
Valle de México, a 16 de abril del 2024.- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que han llegado 273 peticiones; de las cuales, en 250 casos ya se brindó la seguridad necesaria y 23 fueron declinadas por los propios peticionarios.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal aclaró que al momento no hay ningún análisis de riesgo pendiente.
Recordó que junto con el INE se elaboró un plan para dar seguridad a las candidatas y candidatos que lo requieran y que consiste en lo siguiente:
- El INE recibe las solicitudes de protección y las hace del conocimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
- La SSPC establece la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que valora el riesgo y define el nivel de protección.
- Con esa información se responde al INE para que informe a los partidos políticos y candidatos.
- A la SSPC y Secretaría de Gobernación toca supervisar que el servicio se otorgue de acuerdo al nivel de riesgo establecido: alto, medio o bajo. Dependiendo de lo anterior, corresponde a la Guardia Nacional dar atención a los candidatos.
“Este protocolo nos ayuda a no demorar en atender una petición. Estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata”, señaló.
Reiteró que el gobierno federal brinda protección a las personas que compiten por la Presidencia de la República, las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión; en tanto, a los gobiernos estatales y municipales corresponde hacer lo mismo con quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local.
Agregó que en la SSPC también se instaló una Mesa, que opera 24 horas al día, para vigilar y dar seguimiento a esta estrategia.
Adicionalmente, a través de las 32 Mesas de Construcción de Paz y Seguridad en los estados, y 266 regionales, se da seguimiento puntual a lo que ocurre en el territorio, y de ser necesario se coordinan las acciones pertinentes.
Recordó que en el gobierno que encabeza el residente Andrés Manuel López Obrador tenemos el compromiso de proteger a quienes buscan un cargo de elección popular.
“Decirles a quienes participan en este proceso electoral que las autoridades de los tres niveles de gobierno continuamos en la atención de sus requerimientos de seguridad, para hacer efectivo el derecho de la población de elegir libremente a sus autoridades en un ambiente de paz”, dijo.
Homicidios de candidatos
En tanto, durante el actual proceso electoral, que inició el primero de octubre, se tiene registrado el homicidio de una candidata y cinco precandidatos con registro oficial ante sus partidos políticos.
Además, se presentaron nueve homicidios de personas aspirantes, quienes aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instituciones electorales, pero habían sido mencionadas para un cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir.
La Fiscalía General de la República y las fiscalías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia.
Por mandato del TEPJF internos en penales estatales y federales podrán votar en la eleccón presidencial
Por otro lado, para el actual proceso electoral, el 14.55% de la población de penales federales y el 13.3% de los internos de centros de reclusión estatales emitirán su voto para la Presidencia de la República, en cumplimiento de un mandato constitucional.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que estas personas privadas de la libertad, no sentenciadas, tendrán su jornada electoral de forma anticipada al interior de centros penitenciarios, del 6 al 20 de mayo.
Explicó que el antecedente de este ejercicio democrático es la inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE), de dos internos en Chiapas, quienes en 2018 querían votar y no pudieron hacerlo.
En consecuencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al INE a establecer las condiciones necesarias para cumplir con la votación y así reconocer el derecho al voto a los no sentenciados.
En las elecciones intermedias de 2021, el INE realizó una prueba piloto con 950 personas privadas de la libertad de cinco Centros Federales de Readaptación Social.
La secretaria federal informó que para las elecciones de este 2024, el INE contempla la realización de la votación a la Presidencia en todos los reclusorios federales y estatales, por lo cual visitó los centros para integrar una Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva y se encargó de difundir los requisitos entre los internos.
Expuso que las mesas receptoras se instalarán cumpliendo con todos los protocolos en materia de seguridad.
En el país hay 282 centros penitenciarios, 14 federales y 268 estatales, con una población total de 232 mil 684 internos.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que del total de internos 31 mil 121 (13.3%) cumplieron con los requisitos que estableció el INE para participar en la jornada electoral.
En el caso de los 14 centros federales, la secretaria refirió que para cumplir la sentencia del TEPJF el pasado 12 de febrero se suscribió un convenio con el INE.
Así, para esta elección, en la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva, se registraron 3 mil 75 personas privadas de la libertad en penales federales.
Además, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) elaboró un protocolo para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la jornada en los 14 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).
“La totalidad de los internos en prisión preventiva fue notificada e invitada por el INE a participar en el proceso electoral”, acotó Rodríguez.
Finalmente agregó que a nivel mundial hay países que permiten que las personas privadas de la libertad ejerzan su derecho al voto, sin importar su condición jurídica.
