Por Jesús Delgado Guerrero

No es ninguna novedad que, como los autos viejos a punto de desbielarse, el gobierno del Estado de México “pase aceite” en materia de finanzas. La dependencia del Gasto Federalizado (casi 89 por ciento), con sus permanentes vaivenes, y la baja recaudación local se han convertido en un cóctel explosivo que ha puesto en problemas el funcionamiento administrativo y la ejecución de diversos programas y acciones.

Como la legendaria Bartola, de Chava Flores, con menguados fondos el gobierno mexiquense ha tenido que pagar “la renta, el teléfono y la luz”, y, para colmo, del sobrante tomar para el gasto y guardar para el “alipus”. 

Ya encarrerado y con algo de espíritu republicanamente austero ( “peso sobre peso”, como reza la canción), hay que ser “conservador” y guardar para mañana pues con eso alcanza “hasta pa´un abrigo de visón” (y quizás para atender alguna contingencia), según el socarran estribillo.

Las autoridades han estado igual, o peor, que la mítica Bartola. Por eso en los últimos años han tenido que sacarse de la chistera estrategias recaudadoras, como esa del cambio de placas vehicular cada cinco años para tratar de compensar la caída en la recaudación vía tenencia (la bandera de campaña de eliminarla por parte de Morena  se metamorfoseó en este adefesio fiscal quinquenal, vía propicia para el coyotaje).

La tenencia vehicular, por lo demás, es un impuesto que tendría que revisarse, no eliminarse, para evitar mayores “estampidas” de potenciales contribuyentes a otras entidades pues a todas luces resulta desproporcionado, muy abusivo, sin que haya una contraprestación (carreteras y vías en buen estado, iluminadas, seguras).

También del “sombrero fiscal” se sacaron impuestos ambientales que son cualquier cosa, menos ecológicos ni limpios, es decir, son los que no sólo no se aplican para atender el tema, sino que son una fuente muy corrupta, visible y grosera, de contaminación gubernamental y ecológica.

El más tosco ejemplo es la verificación vehicular cuyas trampas hacen las delicias de gestores y propietarios de esos centros para “brincos” cangurescos, y ni qué decir decir de la revisión de las unidades del servicio de transporte público, de carga y de transporte de mercancías y materiales, chimeneas ambulantes creadoras de esa espesa nata que todos los días copa los diversos valles del Estado de México (la nieve de los volcanes, particularmente el de Toluca, se funde con el tono grisáceo de la humeante neblina y cualquier pensaría que está más cerca de Mordor -del Señor de Los Anillos- que del «Hombres Desnudo» o Xinantécatl).

Ahí están las “externalidades negativas” de estos impuestos ambientales, a los cuales hay que sumar los llamados “efectos distorsionadores”,  esto es, que afectan las decisiones de inversión de los agentes económicos (ya hay incluso inconformidades de industriales mexiquenses porque se les quiere cargar la mano con impuestos abiertamente antiambientales y decididamente corruptos).

Así, el gobierno estatal ha estado haciendo efectivo  uno de los rasgos característicos del célebre “Pulpo Chupeteador” (Jesús Martínez Rentería, dixit, filósofo de carpa y teatro conocido con el remoquete de “Palillo”), que en esta caso significa que se trata de un gobierno que justo crea impuestos para prácticamente “asaltar al contribuyente” y no resolver los problemas, sino crearlos o tolerarlos.

Pero el gasto público es el gasto público y hay que entrarle con impuestos, derechos, pago de servicios y en eso no debería haber mayores remilgos, pero el problema está en esas ocurrencias fiscales y, en el fondo, la baja recaudación, esa “pereza fiscal” con tufo clientelar o corporativo donde unos cuantos son los que aportan al erario y otros simplemente se dedican a ver pasar las cosas, o a obtener ganancias a costa de concesiones sospechosas mediante el usufructo de bienes y espacios públicos.

Por ejemplo, ¿se han revisado las contraprestaciones que obtiene el gobierno estatal a cambio de concesiones, sobre todo de autopistas? ¿A dónde van a parar las millonarias ganancias de ese cuerpo auxiliar de policías, del cual la autoridad finge no saber nada pero que utiliza servicios médicos estatales y hasta se da el lujo de pagar cuotas retenidas en abonos? ¿Qué pasa con las actividades extractivas, que tanto daño causan al suelo y subsuelo?

La lista es larga y quizás el nuevo gobierno no ha tenido tiempo para revisar nada, agobiado tal vez por ver cómo le va a hacer para no aumentar impuestos, no incrementar la deuda pública y, al mismo tiempo, atender a los más 17 millones de problemas que significan los habitantes de la entidad en materia de educación, salud, seguridad, empleo y un largo etcétera, amén de otras promesas de campaña.

Pero como es del dominio público, el Estado de México no recauda siquiera para el pago de nómina, está lejos de cubrirla con recaudación propia. Sólo diez entidades, incluidas la Ciudad de México y Nuevo León (primera y tercera economías del país), sí han podido, con ingresos de impuestos, derechos y otros, todos locales, pagar los servicios personales. 

“Extrañamente” la segunda economía del país no figura en esa lista, sino en la relación de 23 estados que no cubren el pago de sus servidores públicos con recaudación local.

Las deudas de “corto plazo” para cubrir “insuficiencia de liquidez temporal” marcaron la actuación financiera del último gobierno del PRI (o de la ascendencia de José Isidro Fabela Álfaro, líder moral del Grupo Atlacomulco) frente a las reducciones del Gasto Federalizado y la baja recaudación a pesar de las triquiñuelas fiscales referidas, pero eso también constituye un gasto y, al final, un “bomberazo fiscal” pasado como lance estratégico de las altas finanzas.

De modo que algo no se está haciendo bien y con simples prestidigitaciones fiscales se ha querido “corregir” el problema. Y ese modelito aplicado por anteriores gobiernos es el que se está siguiendo con las actuales autoridades estatales.

Es de esperarse que próximos proyectos de presupuesto no contengan el sello de una escuelita fiscal agotada, llena de parches, que no ayudan a resolver los problemas y, por el contrario, los recrudecen y hasta crean otros.

Insistir en seguir arrastrando un modelo de “pereza y clientelismo fiscal”, sin revisar, con lupa, un marco tributario vigente que no da para más, no parece la mejor opción.